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Desde hace varios meses vamos viendo cómo las noticias sobre inspecciones en el deporte llevan una línea descendente y se viene diversificando. El primero de los hitos al respecto fue las inspecciones de trabajo generalizadas a clubes pequeños en Cataluña, aquellas inspecciones sirvieron para que todas las entidades deportivas en España se pusieran en estado de alarma, ante la situación habitual de pagos a los monitores, la Inspección de la Seguridad Social consideraba que existía una relación laboral; tal fue el impacto ocasionado que el Gobierno paralizó la inspección y encargó a un comité de sabios que determinara qué normativa le era aplicable a dichas personas. El dictamen es conocido por todos, cualquier tipo de remuneración es una relación laboral, y solo en determinados casos puntuales, se puede hablar de compensación de gastos para voluntarios. El voluntariado como tal se convertía en una forma de cumplir con la legalidad, siempre y cuando el mismo fuera real y con los requisitos que refieren las normas.

En paralelo a esta situación con clubes menores, tanto la Agencia Tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Social se encargaron de que los clubes de primera y segunda división no incrementaran sus deudas, estableciendo al efecto, distintos acuerdos de pago para ir reduciendo las deudas, de forma que todos los clubes debían ir poniéndose al día con las dos administraciones. Fruto de ello ha sido la minoración progresiva de dicha deuda, lo cual se nos antoja positivo en la situación de desequilibrio económico en las arcas públicas y que, en parte ha servido para paliar la situación de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas.

Más tarde el protagonismo se ha centrado, casi en exclusiva, en la Agencia Tributaria, con casos individuales que sirven como mecanismos generalizados de comunicación al resto del mundo deportivo, a saber, tenemos el caso Iker Casillas e Iniesta, que se llevaron a cabo de forma rápida y que tan solo conllevó la regularización por parte de los jugadores de las cantidades dejadas de ingresar a la Hacienda Pública, tras el cambio de criterio que la propia Hacienda Pública había tomado. Es decir, la Agencia Tributaria siempre había defendido una interpretación de la norma, que ahora cambiaba, dicho cambio originaba obligación de pagar más impuestos a estos contribuyentes tan selectos.

En otro ámbito se movió la Agencia Tributaria en el caso Messi, Neymar y, según parece ahora, Cristiano Ronaldo, en estos casos la Agencia Tributaria utiliza la figura del delito fiscal, es decir, por el hecho de haber dejado de pagar cantidades (que en los casos de estos jugadores siempre son muy elevadas) superiores a 120.000 euros, se considera que hay delito fiscal; siempre y cuando concurra dolo en el contribuyente, es decir, que el contribuyente haya actuado de forma consciente y voluntaria, o al menos no haya puesto la diligencia exigida por las normas para que el resultado hubiese sido otro. Importante en esto es ver que en los casos de Casillas y/o Iniesta, si bien podían superar los 120.000 euros, este requisito del dolo no podía darse, ya que todo traía causa de un cambio de criterio interpretativo de la propia Agencia Tributaria.

Los casos de Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo que, según se comenta, han tenido sociedades interpuestas en distintas zonas del mundo para conseguir con ello una menor tributación son muy distintos a los de Casillas e Iniesta, dichas sociedades requieren, como es evidente, la aquiescencia de los propios jugadores, y desde la experiencia de CLC SPORT, lo normal es que el jugador sea plenamente consciente de los pormenores de la operación y del riesgo que asume.

Hace unas semanas se inició otra nueva interpretación por parte de la Agencia Tributaria que responde a un recurso ya antiguo y que desde el punto de vista recaudador es brillante, ampliar al máximo el concepto de rentas del trabajo (históricamente el más fácil de fiscalizar por parte de Hacienda), de forma que consideraba que las cantidades que recibían los jugadores de baloncesto por desplazamiento para jugar con la selección española, debían tener la consideración jurídica de renta del Trabajo y, con ello, tributar; cuando hasta entonces se había considerado dichas rentas exentas.

En estos últimos días, se ha conocido la última revisión por parte de la Agencia Tributaria, la consideración de las cantidades pagadas a representantes, que habitualmente pagaban los clubes, como mayor sueldo de los jugadores, lo cual en términos generales es una evidencia, puesto que los representantes trabajan para los jugadores, no para los clubes (salvo alguna extraña excepción), y en dicha lógica, las cantidades totales cobradas por el representante debía constituir antes renta a gravar en el Jugador. Otra vez se consigue incrementar las bases para tributar, aumenta la recaudación.

Igualmente, aunque con connotaciones muy distintas, hace unos días se conocía una operación contra algunos jugadores de tenis de nivel medio (cuasi profesional) sobre apuestas, este caso lo consideramos distinto, porque el delito como tal no nace exclusivamente de no pagar a la AEAT o a la Seguridad Social, sino que habría delito en cualquier caso, y creemos, que se corresponde más a una investigación judicial que a una investigación de Hacienda o Seguridad Social, aunque en este caso, la AEAT tenga que colaborar con la fiscalía.

En paralelo a todos estos hitos hemos visto nacer la obligación de hacer el Impuesto Sobre Sociedades (y tener que llevar una contabilidad acorde al Plan General Contable) a los clubes deportivos de cualquier tamaño que tengan ingresos superiores a 70.000 euros anuales, con los costes directos e indirectos que ello puede conllevar, ni qué decir tiene que casi cualquier club con más de 350 asociados supera potencialmente dicha cantidad, y por tanto, es probable que en los próximos años haya revisiones con efecto retroactivo, siempre dentro del periodo de prescripción.

Cuando se analiza todo lo ocurrido en conjunto es evidente una estrategia por parte de los poderes públicos de ͞sitiar͟ al deporte en su conjunto, para recaudar al máximo. Es palmario que la Administración Pública ha visto que en el deporte tiene recorrido para conseguir recaudar más, por tanto, solo cabe esperar a que dicha estrategia llegue a ámbitos menos altos, a competiciones menores, a clubes de barrio; está todo preparado, las normas correspondientes, el dictamen de sabios en el ámbito laboral, la obligación de informar en el ámbito tributario; solo tienen que esperar que el tiempo pase y comenzar a hacer inspecciones en clubes relevantes.

En esta línea desde CLC Sport solo podemos prever dicho escenario y animar a acometer las reformas oportunas en cada entidad para soslayar los problemas que se acercan. Dichas reformas no solo sirven para cumplir con Hacienda y Seguridad Social, sino que además, son herramientas útiles que los clubes y demás entidades pueden hacer valer para conocerse mejor, y sacar conclusiones de futuro para mejorar, para acceder a nuevas subvenciones, para tener un control efectivo de las cuentas, limitando con ello la responsabilidad de los directivos. No se trata solo de cumplir la ley, sino de hacerlo de la forma más inteligente.

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