A partir del 1 de julio de 2025, entran en vigor importantes cambios en la normativa de facturación electrónica que afectarán a todas las empresas con ingresos anuales inferiores a 6 millones de euros. Estas empresas estarán obligadas a remitir sus facturas de manera inmediata a la Agencia Tributaria, un cambio que exige una adaptación técnica y operativa.
¿Qué implica la nueva normativa?
Este nuevo requisito forma parte de las medidas del Gobierno para prevenir el fraude fiscal y mejorar la trazabilidad y control de las operaciones comerciales. Todas las empresas deberán utilizar programas de facturación homologados que cumplan con estrictos requisitos de seguridad, integridad y trazabilidad de los datos.